30º aniversario de la LISMI

De la LISMI a la Convención de Naciones Unidas de 2006: derechos e integralidad como eje articulador de las políticas de discapacidad

Por Pilar Rodríguez, ex directora general del Imserso

17/05/2012

Comencé a trabajar en servicios sociales en el año 1986, cuando me integré en el IMSERSO después de la desaparición del Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social que fue donde inicié mi carrera profesional.

La LISMI se encontraba en aquel entonces en su período máximo de aplicación y tuve que estudiarla a fondo, sobre todo  cuando tuve que responsabilizarme de la Unidad de apoyo a la Dirección General en materia de preguntas parlamentarias, Defensor del Pueblo y Línea Caliente del Ministerio.   Lo que más apreciaba de la regulación de la LISMI era su acercamiento al hecho de la discapacidad desde una perspectiva integral y que se incorporara con rango legal la garantía de  derechos, como el de acceso a unos ingresos mínimos, incluyendo la mayor necesidad para gastos de transporte y de atención por una tercera  persona  en situaciones de dependencia. De especial importancia cara a la inclusión social de las personas con diversidad funcional fue la regulación de la LISMI en relación con el acceso a la educación, al empleo, al transporte, a los bienes sociales y culturales, etc., en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
 
Esta visión de globalidad, junto a las de  normalización, igualdad de oportunidades  y garantía de derechos que han sido seña de identidad de los avances que hemos ido consiguiendo en España, gracias, sin duda ninguna, a la lucha y a las reivindicaciones del movimiento social organizado de las propias  personas con discapacidad, me  ha acompañado desde entonces en mi itinerario profesional y de puestos de responsabilidad sobre áreas de políticas públicas de servicios sociales.

Contrasta este enfoque de la  integralidad y de los derechos que ha presidido desde la LISMI  el movimiento de avance en materia de discapacidad con el mucho más deficitario y fragmentado de otras áreas y, en especial, del tratamiento del envejecimiento como fenómeno social e individual.  Creo que la causa de que los caminos de la gerontología y los de la discapacidad no se hayan cruzado con anterioridad ha sido debida a que se ha actuado desde ámbitos de conocimiento y de intervención totalmente separados, incluso cuando las competencias políticas estuvieran en un mismo centro directivo.  Así, todos nos hemos perdido muchas cosas.
 
Cuando me llegó la hora, no ya de hacer planificaciones, investigación o recomendaciones técnicas, sino  de  tomar decisiones como responsable en las áreas de discapacidad y mayores, lo primero que me pareció pertinente fue romper la estructura administrativa dual de los centros directivos y organizarlos, en lugar de  por “colectivos” de atención,  por áreas funcionales: planificación, investigación, formación y calidad por un lado; y los ámbitos  de gestión de recursos y programas, por el otro.  La riqueza del intercambio de conocimientos entre profesionales y gestores, de la participación de los movimientos asociativos y del avance conjunto que se obtuvo así, creo que para todos fue una experiencia sumamente enriquecedora. Desde luego, para mí lo fue. Tengo que destacar, sobre todo, lo mucho que aprendí del trabajo, el tesón y el ejemplo de tantas personas que, organizadas en asociaciones, han venido peleando sin desaliento por el mantenimiento de la dignidad de las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida.

Y en este camino de aprendizaje conjunto y transversal entre áreas de discapacidad, envejecimiento o igualdad entre hombres y mujeres, encontramos muchas líneas innovadoras de trabajo interdisciplinar, que resultaron muy gratificante de desarrollar.  Sirvan como ejemplo los proyectos que diseñamos relacionados con el envejecimiento de las personas con discapacidad, o los que desarrollamos para el mejor conocimiento y conquista de derechos de las mujeres con discapacidad,  o los que tuvieron que ver con el apoyo informal, o con la garantía del derecho a la sexualidad o al ocio normalizado…  Mucho debo, pues, a mi experiencia de trabajo en Asturias.  Gracias  a ella  he podido afianzarme después en ese enfoque de la integralidad y de los derechos, que es perfectamente extrapolable  en el análisis o en las intervenciones a otras áreas del trabajo en servicios sociales.
 
Después de la LISMI se han ido produciendo grandes avances en España en materia de derechos de las personas con discapacidad, destacando, entre otros hitos, la Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) y, de manera más reciente, la Convención de Naciones Unidas de 2006,  ratificada por España en 2008 y, por tanto, ya incorporada a nuestro derecho positivo,  mucho más después de ser reguladas  las adaptaciones precisas (mediante Ley 26/ 2011) para que ninguna norma contradiga los derechos consagrados en la Convención.  Entre los cambios normativos que se recogen para garantizar los derechos de la Convención, algunos afectan a  leyes tan emblemáticas como la Ley General de Sanidad, la de Autonomía del paciente o la de Cohesión y calidad del SNS.  Otro cambio de enjundia  es el relacionado con las ratios de reserva de puestos de trabajo en la Administración Pública, que  se establece en un 7% (2% para personas con discapacidad intelectual), o en el porcentaje de viviendas totalmente accesibles que es obligatorio mantener en las promociones de viviendas de protección oficial, que se fija en un 4%.
 
A partir de aquí, largo es el camino que nos queda aún para conseguir que, de manera efectiva, las personas con discapacidad (o con diversidad funcional) puedan ver removidos los obstáculos que frenan o impiden su completa participación en la sociedad.  Estoy segura de que ellas mismas continuarán siendo las abanderadas en la vanguardia de esta lucha, pero a ellas debemos unirnos el resto de las organizaciones sociales en unos momentos en que resulta especialmente candente la defensa de la   igualdad de oportunidades como cuestión ética esencial  y también como modelo de sociedad en la que queremos vivir.

 

Pilar Rodríguez, ex directora general del Imserso